330 APUNTES sión del régimen establecido, con cualquier pretexto, y se consideraba que lo correcto era dictar el decreto de suspensión, a fin de que el Ejecutivo procediera como a bien lo tuviese, o sea, de que mandara allanar sin forma el domicilio de cualquier habitante de la República, ocupar sus papeles privados, violar el secreto de su correspondencia, perseguirle por sus opiniones políticas, impedirle comunicar sus pensamientos, de palabra, por escrito o por medio de la prensa, prenderle, encarcelarle o aplicarle el castigo que quisiera, sin sujeción a regla alguna preexistente, etc. etc. No faltará quien piense que el decreto de suspensión equivalía a una advertencia oportuna, lo que entrañaba lealtad. Ojalá que eso hubiera sido así! Cuando los actos de fuerza no precedían al decreto, y éste tendía a cohonestarlos, o no eran simultáneos con el mismo, sobrevenian inmediatamente con la rapidez de un rayo, o de modo inesperado como suele acontecer con los terremotos. Es evidente que en 1886 no ocurrió tumulto, levantamiento o desorden que hi.
ciera indispensable la suspensión para salvar a la Nación o República, y esto aparece de las propias declaraciones oficiales.
El señor Licdo. Soto, a quien rodeaban muchas de las personas más influyentes, desempeñaba la presidencia de la Repúíblica desde la muerte del Ge.
neral don Próspero Fernández, acaecida en marzo de 1885, con el poderío que de hecho tenía entonces