Arnoldo FerretoMilitantes del PCCR

ADELANTE. CAMPO CEDIDO San José, de febrero de 1991 Ingeniero Rodolfo Méndez Mata Ministro de la Presidencia Estimado señor Ministro: Los suscritos, poseedores agrarios en precario, vecinos del Cantón de Golfito, Distrito de Pavones, Puntarenas, en asociación con nuestras familias nos permitimos saludarlo deseándole éxito en el ejercicio de las importantes funciones propias de su cargo.
Como es de su conocimiento el proceso expropiatorio de los predios localizados en Pavones, dejó al descubierto una peligrosa red de narcotraficantes y un reducido grupo de ciudadanos extranjeros y nacionales en la administración y propiedad de al menos once compañías (sociedades anónimas) propietarias de otros bienes en otras partes del territorio nacional, es la que reiteradamente hemos denominado la causa que involucra el interés público, habida cuenta de la existencia de la causa propiamente social, atinente al interés social consistente en la necesidad de resolver el problema de estructura agraria y proveer de trabajo y recursos a los suscritos ya sus familiares. Ambas causas son trascendentes y definitivamente han puesto a prueba en este asunto la decisión e incluso la ética de ciudadanos particulares y de funcionarios públicos, no obstante estas no son las únicas causas invocables según se desprende del expediente administrativo y de los documentos que le anexo.
Diversas personas, instituciones como las Universidades estatales nacionales. sindicatos agrarios nacionales incluyendo a la Federación Nacional Campesina (FENAC. han colaborado y asesorado a los suscritos, igualmente hemos recibido asesoría legal y protección para nuestros derechos por parte de la Comisión Costarricense de Derechos Humanos (CODEHU. a través de su Programa de Defensa y Solidaridad.
Con el esfuerzo y paciente espera por parte de los suscritos y sus familiares, aunado al apoyo recibido, nos ha resultado posible arribar a esta fase del procedimiento expropiatorio: la publicación del decreto expropiatorio: la publicación del decreto expropiatorio, el acto administrativo que pone fin a esta instancia y nos posibilita acudir a los órganos del Poder Judicial a finiquitar el proceso.
En esta fase nos ha parecido conveniente reiterar nuestra posición en el sentido de que el área en manos de los narcotraficantes, sus testaferros y todas aquellas personas extranjeras que contrataron con ellas y han maltratado en la zona a los ciudadanos costarricenses y la dignidad nacional deben ser afectados por el decreto. La misma armonía en las relaciones sociales en la comunidad y la inconveniencia de que persitan fracciones o partes de un problema tan grave que todos debemos atacar y destruir, nos han motivado para actuar con vehemencia en este asunto: se trata también de la defensa de las mejores tradiciones costarricenses las que no ceden ante el dinero, el poder o la corrupción.
Hemos detectado desde hace varios años el intento que estos poderosos intereses han realizado para preservar al menos parte de esta área en manos de personas de confianza o testaferros de los accionistas y funcionarios de las compañías. Así, hemos conocido el involucramiento de una persona de nombre Patrick Grogan Westom, sujeto contra el que se ha levantado el expediente penal número 297 90 en el Juzgado de Instrucción de Golfito, por actos irregulares denunciados y cometidos contra vecinos de la comunidad. En otro momento también conocimos de amenazas y otros actos donde ha intervenido este sujeto y que erróneamente no procedimos a denunciar oportunamente. Ahora conocemos que este sujeto realiza gestiones para sustraer del proyecto de decreto el área conocida como Rancho del Mar.
La investigación policial en este proceso y en relación con las actividades del narcotráfico continúa. Oportunamente nos preocupamos por brindar la información en nuestro poder al Ministerio Público y a otros funcionarios (Procuraduría Penal, Dirección de Estupefacientes e Inteligencia (DIEI) del Ministerio de Gobernación y Policía, Corte Suprema de Justicia) y próximamente instaremos a la Comisión Especial Legislativa constituida para investigar las actividades del narcotráfico para que verifique la respectiva investigación. Permítanos decirle, don Rodolfo, que en este asunto incluso nos encontramos obligados a denunciar al Secretario de Juzgado de Instrucción de Golfito por acciones irregulares en la tramitación de los expedientes y causas (ver expedientes número 64563 localizado en el Tribunal de la Inspección Judicial, Queja interpuesta por Olivier Cruz Esquivel y otro contra Isaías Mora Umaña. Consecuentamente, a la fecha no resta más que emitir el acto administrativo que inconveniente e inexplicablemente se ha retrasado por tantos años, acto administrativo expropiatorio que conociendo el transfondo en este asunto, su carácter de hombre de bien y cercanía con el señor Presidente de la República le rogamos haga recaer sobre la totalidad del área en cuestión, incluyendo la zona conocida como Rancho del Mar, que es el área donde se construyeron las pistas de aterrizaje para las actividades ilícitas, se inició la construcción de la casa del narcotraficante detenido en México de nombre Danny Fuwiy Briggs (ver carta adjunta de fecha 12 de marzo de 1990 Ref. FD 33 90 dirigida al Dr. Alvaro Umaña Quesada, anterior Ministro de Recursos Naturales Energia y Minas) y donde se han cometido tantos actos delictivos y de corrupción, todo según se ha documentado debidamente en los diversos expedientes administrativos y judiciales que se han tramitado en este tortuoso y difícil proceso.
Cualquier aclaración y suministro de información y documentos los haremos llegar a su Despacho en el momento en que nos sea solicitado.
Finalmente deseamos comunicarle que con fecha 23 de agosto de 1990 sostuvimos reunión preliminar en relación con este asunto con el Licenciado Luis Zamora Guardia, Viceministro de la Presidencia.
Con fundamento en la Ley General de la Administración Pública, artículo 283 y a efecto de que nos represente ante su Despacho y cualquier otro órgano del Poder Ejecutivo en acciones tendentes a la tramitación de este asunto y publicación del respectivo decreto expropiatorio, otorgamos Poder al Licenciado Miguel Hernández Chacón, costarricense, abogado y Notario Público, vecino de San José, portador de la cédula de identidad número 579 696.
Atenderemos notificaciones y comunicaciones en el Bufete Dike, ubicado en el costado oeste del Edificio de los Tribunales de Justicia, casa número 1370, San José.
Cordialmente, Nombre Abarca Abarca Eladio Modesto Aguilar Benavides Alvaro Aguilar Benavidez Virgilio.
y 97 firmas más. de cédula 075 970 103 754 106 962 Preparación de la segunda etapa del XVII Congreso.
PROXIMA SEMANA CIRCULARA PROYECTO DE PROGRAMA Los compañeros que constituyen la Comisión nombrada por el Comité Central para la preparación del proyecto de programa nos han dicho que concluirán su trabajo en el curso de esta semana y que, la próxima comenzará la circulación del documento.
Ha comenzado a circular el documento sobre el mismo tema preparado por el Arnoldo Ferreto que, aunque es el miembro de esa comisión decidió presentar su propio proyecto de Programa, acompañado de una justificación teórica.
La Comisión Política acordo completar la integración de la Comisión encargada de presentar el proyecto de Estatuto del PVP. Esta comisión está bastante retrasada en su trabajo, aunque ahora los compañeros han decidido intensificar el trabajo.
Al mismo tiempo se siguen tomando medidas en los diversos regionales para la financiación del Congreso. Los compañeros de Puntarenas tomaron las medidas necesarias para garantizar la financiación de todos sus delegados.
Este documento es propiedad de la Biblioteca Nacional Miguel Obregón Lizano del Sistema Nacional de Bibliotecas del Ministerio de Cultura y Juventud, Costa Rica.