2 ADELANTE Editorial Lucha contra narcotráfico, un pretexto.
Digamos no a la intervención telefónica.
La Asamblea Legislativa está tramitando una reforma al artículo 24 de la Constitución Política. Es este artículo el que dispone la inviolabilidad de los documentos privados y las comunicaciones escritas u orales. El propósito principal de la reforma propuesta es legítimar, con el rango de norma constitucional, la intervención policíaca de las conversaciones telefónicas.
Es la respuesta legislativa a la sentencia de la Sala IV que declaró que las intervenciones policiacas de las comunicaciones violaba los derechos constitucionales y humanos de los habitantes de la República. lo largo de muchos años las fuerzas policiales, sobre todo los sectores dedicados a la represión política, han practicado impunemente la intervención de los teléfonos. Esto se ha hecho, durante mucho tiempo por orden y bajo la permanente vigilancia de la Embajada de los Estados Unidos. Hasta los teléfonos de algunos importantes políticos de los partidos burgueses han sido intervenidos. Esta machacante realidad es el telón de fondo que hace más destacable la importancia de la resolución de la Sala Constitucional.
Si la reforma que se propone al artículo 24 de la Constitución llegará a aprobarse, esto significaría un paso atrás muy grave en el orden del respeto a los derechos humanos. Tal disposición, cualesquiera fueran las limitaciones que se pongan a su ejercicio, daría lugar a gravísimos abusos en contra de las libertades públicas.
El pretexto es el narcotráfico. No se trata de minimizar el peligro que el narcotráfico entraña para la sociedad en todos los órdenes. Al contrario, creemos que este nuevo tipo de actividad delictiva debe ser combatida con todas las fuerzas de que sea capaz una sociedad. Somos testigos de lo peligrosa que resulta la mezcla de política con el negocio de las sustancias psicotrópicas y no ignoramos que por nuestro país pasan más de cincuenta toneladas de cocaína al año, ni el alarmante crecimiento del consumo de estas drogas por nuestra juventud.
No es cierto que para luchar contra los narcotraficantes sea necesario vulnerar las libertades públicas. Los narcotraficantes cuentan con los medios más avanzados de comunicación, para eso disponen de recursos económicos realmente ilimitados. Así es que basta con que los narcotraficantes decidan no utilizar más las comunicaciones telefónicas o usar, como seguramente lo hacen, sistemas más sofisticados de cifrado, para que la reforma constitucional que ahora se propone quedará totalmente obsoleta para la lucha contra esa delincuencia. Solo quedaría en pie la limitación de las libertades fundamentales del ser humano.
Según el texto de la reforma y las intervenciones de algunos diputados, la policía vulnera la privacidad de las personas con solo que parezcan sospechosos de haber cometido algún delito o que de mala fe se le atribuya. Con este expediente también los opositores políticos, los activistas del movimiento popular podrían perder la privacidad para siempre a manos de la policía. Se crearía así un régimen de terror que debe ser evitado.
En su intervención en la Asamblea Legislativa, razonando su oposición a este proyecto, el Dr. Rodrigo Gutiérrez Sáenz dio a conocer los datos publicados por el Departamento de Estadística del Ministerio de Seguridad Pública. en un solo año se hicieron más de 3270 investigaciones especiales de inteligencia, en las que jugó un papel muy importante el teléfono, donde lo que se investigó fueron 871 por razones de huelga; 214 comunistas; 128 troskistas; 110 sindicalistas; 96 precaristas; 78 operativos revolucionarios; 32 terroristas; 37 investigaciones a organizaciones, 14 a organizaciones comunistas; 14 troskistas; 10 revolucionarias; sindicalistas; terroristas; campesinas; armas; investigaciones a organizaciones estudiantiles; investigaciones a aeronaves; investigaciones marítimas.
Estas son las intervenciones que interesa legalizar con el pretexto del narcotráfico.
Pareciera que lo que los diputados debían estar investigando es por qué el Ministerio de Seguridad Pública interviene los teléfonos de las organizaciones sindicales, campesinas o estudiantiles. Por qué se intervienen comunicaciones privadas en caso de huelga o de luchas por la tierra, etc. Se trata de groseras violaciones a los derechos humanos que realizan la OlJ y la DIS, como dijimos antes, para entregar información a los agentes de la CIA que actúan en la Embajada de los Estados Unidos.
Quisiéramos añadir unas pocas reflexiones.
Los documentos que el actual texto constitucional permite secuestrar, registrar o examinar no pueden ni deben ser confundidos con las comunicaciones. Se trata de documentos, como es obvio, preexistentes, de cuya existencia esta informado el juez y sobre los cuales él llega a la conclusión de que su conocimiento es indispensable para esclarecer asuntos sometidos a su conocimiento. Esta es una situación esencialmente distinta de la sustracción de la correspondencia o la intervención telefónica. En estos casos son violados no sólo los derechos de la persona sospechosa de haber cometido delito, sino también los de aquellas que se relacionen con ella. Con lo cual la decisión del juez se traslada a personas que no tienen ninguna relación con actividades delictivas. Una decisión tan grave como es la afectación del derecho humano de la privacidad no puede ser difusa. Pero tratándose de comunicaciones siempre lo sería, por su propia naturaleza.
Nos parece que ante un asunto tan grave es necesario meditar muy hondamente y con un profundo sentido de la responsabilidad histórica. Los Estados Unidos son el primer mercado del consumidor de sustancias psicotrópicas, entre ellas, la cocaína. Poco hace dentro de sus fronteras para terminar con el flagelo. Desde la óptica de los latinoamericanos pareciera que el gobierno de los Estados Unidos no tiene un interés serio de terminar con las mafías del narcotráfico en su propio territorio. Pero sí en utilizar el problema como pretexto para vulnerar la soberanía y la democracia de los pueblos latinoamericanos.
Esperamos que las organizaciones populares, religiosas y culturales se pronuncien sobre este tema.
El camino es intensificar la lucha contra las mafías de las que seguramente formarán parte no pocos políticos y señores de la oligarquía, y no limitar los derechos humanos de los costarricenses. Digamos NO a la reforma del artículo 24 de la Constitución Política.
Este documento es propiedad de la Biblioteca Nacional Miguel Obregón Lizano del Sistema Nacional de Bibliotecas del Ministerio de Cultura y Juventud, Costa Rica.