Amauta 61 te 20, 000. 000 de pesos, de los cuales erogaba en los gastos del Estado 16. 500. 000. El clero, en cambio, recaudaba 22. 000. 000 de pesos que no restaba con erogación alguna. Unicamente por concepto de diezmos obtuvieron sus componentes, en la última década del siglo XVIII, la cantidad de 18. 000. 000 de pesos. En 1796, las rentas percibidas por la Iglesia, sólo en la ciudad de México, eran de 060. 995 pesos. Sus propiedades urbanas en la misma, que ascendían a 21. 212. 893 pesos, contrastaba con el resto de la propiedad, tanto nacional como particular, que llegaba a 17. 004. 100 pesos. En 1800, los cálculos efectuados por el barón de Humboldt señalaban la cifra de 260. 000. 000 de pesos como monto total de las riquezas del clero y de la Iglesia. el historiador Lucas Alamán cuya catolicidad nadie se atrevería a contestar asignaba a estos la posesión de la mitad de los valores totales existentes en el país después de producida la Independencia. Pero había algo más que el monopolio económico por parte de los altos dignatarios de la Iglesia. Su procedencia extranjera, española mayormente, favorecía su indiferencia, su desvinculación absoluta de la nueva nacionalidad. Este carácter hubo de tener una muy pronta comprobación en oportunidad de la invasión norteamericana de 1847. Impelido el gobierno de Valentín Gómez Farías, por la carencia de recursos para el sostenimiento de la guerra, a decretar la ocupación, hasta por quince millones de pescs, de los bienes de manos muertas, el clero responde con la sublevación bochornosa de varios batallones integrados por la juventud aristocrática, los polkes, y acogiendo jubilosamente el ingreso del ejército norteamericano victorioso en diversas ciudades de la República.
Como institución económica preponderante, por su jerarquía incontrovertible sobre la aristocracia civil y terrateniente mediatizada y sometida a sus designios, como gran propietaria y prestamista, la pugna con la Iglesia se plantea en los términos inocultos de una lucha de intereses.
Tocó a Comonfort ser el primero que, el 25 de junio de 1856, expidiera una ley emproada a atacar abiertamente a la Iglesia como entidad económica, aunque respetando sus fueros y privilegios de institución religiosa. En ella, denominada Ley de Amortización, se estatuía que. Todas las fincas rústicas y urbanas que hoy tienen o administran como propietarios las corporaciones civiles o eclesiásticas de la República, se adjudicarán en propiedad a los que las tienen arrendadas, por el valor correspondiente a la renta que en la actualidad pagan, calculada como rédito al seis por ciento anual. Bajo el nombre de corporaciones se comprenden todas las comunidades religiosas de ambos sexos, cofradías, archicofradías, congregaciones, hermandades, parroquias, ayuntamientos, colegios, y en general, todo establecimiento o fundación que tenga el carácter de duración perpetua o indefinida. Como fácilmente se desprende, el criterio liberal del gobierno de Comonfort tendía no únicamente a la desamortización de los bienes de la Iglesia, sino parejamente a la liquidación de las comunidades indígenas supervivientes, creídas ineficaces, fundamentando la pequeña propiedad. La profunda influencia moral del clero, sus sólidos entronques en la economía nacional y las amenazas de excomunión vertidas sobre quienes atentaran contra sus intereses al amparo de la Ley, derivó exclusivamente la acción de ésta hacia la propiedad comunal autóctona, asimilándola al latifundio. El convencimiento pleno de que los bienes de la Iglesia habían permanecido intocados a pesar de la Ley de Desamortización, obligó al gobierno de Juárez, en julio de 1859, a promulgar la Ley de Naciona.