Amauta 33 se establecían en la Nueva España. Para que pudieran explotar la tierra se les encomendaba grupos de indígenas con el pretexto de que los instruyeran en la religión de Cristo. Con tierras y hombres que explotar, pronto adquirieron riquezas considerables y formaron la aristocracia del país.
Los primeros religiosos solicitaron pequeños solares para edificar sus conventos. Estos solares se fueron agrandando cada día, a un grado tal, que a fines de la época colonial las propiedades territoriales del clero abarcaban, según afirma Humboldt, las cuatro quintas partes del territorio nacional.
Las tierras de los pueblos estaban formadas por mezquinas parcelas comunales que en ocasiones eran apenas suficientes para satisfacer sus necesidades más apremiantes. Las donaciones se hacían como consecuencia de las leyes de Indias, leyes que estaban basadas en un generoso criterio caritativo. De manera que de acuerdo con ese criterio, se daba al indígena lo indispensable para que no se muriera de hambre.
De la desigualdad en el reparto de la tierra se derivan todas las otras desigualdades, que han originado en México algunos de sus problemas económico sociales más importantes y de más difícil solución.
Los grandes propietarios españoles durante la Colonia, inconformes con sus grandes haciendas, no dejan de hostilizar a los pueblos y frecuentemente se apoderan de todos o parte de sus tierras. Al finalizar el siglo XVIII eran muchos los indígenas desposeídos de sus parcelas que, según afirman documentos oficiales de la época, no tenían más que dos caminos que seguir: alquilar su trabajo por un salario de hambre, o vivir de la caridad pública. De aquí que afirmemos que entre los factores determinantes de la guerra de Independencia, ocupa un lugar de importancia indiscutible el problema agrario.
Desde 1821 a 1856 se dictaron disposiciones diversas para resolver ese problema. Se creía entonces que consistía en una defectuosa distribución de los habitantes sobre el suelo y no en una defectuosa distribución del suelo entre los habitantes como era la realidad. Por esa circunstancia, todos los intentos para resolverlo fracasaron completamente.
Mientras tanto, la Iglesia adquiría cada vez mayor preponderancia económica, al grado que un porcentaje muy considerable de la riqueza del país estaba en sus manos. En el año de 1856 se expidió la ley de desamortización de los bienes raíces del clero. El objeto principal era ponerlos en circulación. Se deseaba que pasaran a manos de los arrendatarios para crear así la pequeña propiedad. La Iglesia no estuvo conforme y provocó una de las guerras más sangrientas que registra la historia de México. No obstante, dichas propiedades fueron desamortizadas; pero lejos de quedar en poder de los arrendatarios como se pretendía, pasaron a los latifundistas, quienes de esta manera aumentan su influencia y su poder.
Por otra parte, como la ley de desamortización prohibía que tuvieran propiedades raíces no sólo las corporaciones religiosas sino también las de carácter civil, las tierras comunales de los pueblos fueron parceladas y distribuídas entre los indígenas, quienes adquirieron todos los derechos de propietarios, en el sentido de disponer, usar y abusar de la cosa poseída; y como su grado evolutivo no les permitía ejercer adecuadamente ese derecho, bien pronto sus pequeñas parcelas fueron a dar también a los grandes hacendados.