BIOGRAFIA DE ELI ALTAMIRANO Página 69 mo y que por primera vez en la historia pierde el ca. rácter de clase.
El Estado democrático burgués era un gran paso adelante en comparación con los tipos anteriores. La revolución burguesa puso fin al régimen de la monarquía absoluta, que se hizo odiosa para el pueblo.
Promulgó la libertad jurídica de toda la servidumbre suprimiendo las bases sociales fundamentales del régimen feudal al poner fin a la relación campesinos de la gleba y con ello a la condición de los campesinos de siervos de los señores feudales; también es tableció el sufragio universal, el sistema representativo, el tribunal de jurados y otras instituciones democráticas. Bajo la presión de las masas revolucionarias las Constituciones burguesas proclamaron muchos otros principios de la democracia.
Sin embargo, de la misma manera que el régimen económico del capitalismo no suprimió la explotación de las masas trabajadoras, la democracia burguesa tampoco pudo superar la naturaleza antipopular del poder político de los explotadores.
Desde sus inicios hasta hoy las instituciones democráticas de la burguesía han sido democráticas en el papel; no aseguran a los trabajadores la posibilidad real de ejercer los derechos que se proclaman. no podía ser de otra manera. Incluso el Estado capitalista más democrático defiende y rinde culto a la propiedad privada, a la explotación asalariada, a la desigualdad política, económica y social; reprime a la clase obrera, a los campesinos pobres y demás trabajadores cuando luchan contra este estado de cosas.
Pero la tendencia de la burguesía a hacer de los principios democráticos letra muerta tropieza con la creciente resistencia de las poderosas fuerzas democráticas del pueblo, al frente de las cuales marchamos el proletariado y su Partido Comunista.
La batalla por la democratización del Estado y la Sociedad, en nuestro caso calcada en la lucha por la superación de la crisis integral y el desarrollo democrático y progresista del país, cuya programación plasma el presente programa inmediato del Partido Comunista de Nicaragua, abre un nuevo capítulo de posibilidades en el que los sectores avanzados de la burguesía podrán destacarse, incluso aquellos menos entusiastas avenirse con importante dosis de aceptación y participación activa.
El grado profundo alcanzado por la crisis integral de Nicaragua, más el carácter impostergable de las transformaciones sociales que demanda el proceso histórico, obliga a que lo más fundamental de las contradicciones antagónicas se ubique un tanto en la vera del camino para permitirles mejores oportunidades a las múltiples y trascendentales coincidencias de todas las clases y sectores de nuestra nación.
En honor a la verdad histórica, hay que decirlo y reconocerlo abiertamente: el régimen tiránico del somocismo hizo avances importantes en el desarrollo de la propiedad estatal sobre áreas estratégicas para los intereses nacionales y el servicio público para el pueblo en la salud, educación, agua potable, alumbrado público, energética, correo, telégrafos, teléfonos, transporte ferroviario, carreteras, seguridad social y vivienda.
El Régimen Sandinista, por su parte, desarrolló la propiedad estatal en términos mayores. Pero a causa de su aguda crisis económica, ideológica y política, que para el resultó insuperable, los servicios públicos sufrieron continuo descenso hasta caer en las más extremas incapacidades de atender las necesidades sociales del pueblo nicaragüense. esto ocurrió a la par de que la propiedad estatal ya abarcaba todos los campos de la economía nacional con indices mayoritarios y en algunos casos totales.
El problema fue que la estatización sandinista tuvo carácter absoluto y formas crudamente virulentas que rompieron por completo el equilibrio del sistema económico de Nicaragua. Esta estridencia promovió el rechazo generalizado de los empresarios afectados; igualmente el desacuerdo activo de los sectores mayoritarios de la nación, para quienes dicha estatización no sólo no significó superación de nada sino también el desplome de todo el sistema de servicios públicos sociales.
La viciosa estatización ha sido tratada con absoluto afán liquidador por el gobierno establecido. Pero fueron tan toscas y burdas las expropiaciones sandi nistas que lejos de confortar a la población irritaron el sentimiento nacional, al extremo que los referidos abusos y delitos cometidos por el cogobierno privati zacionista han pasado por alto para la mayoría del pueblo, aun cuando la espantosa demolición de la propiedad estatal, llevada a cabo con la complicidad abierta y activa del Frente Sandinista de Liberación Nacional y la participación lucrativa de muchos de sus militantes y dirigentes, es contraria por completo al Programa de Gobierno de la UNO y flagrante violación a las garantías constitucionales de antes y de ahora a la propiedad estatal. Tanto en su texto original aprobado en 1987 como en el de la Reforma promulgada el pasado de julio, la Constitución Política de la República establece con toda claridad. El Estado garantiza la coexistencia democrática de las formas de propiedad pública, privada, cooperativa, asociativa y comunitaria; todas ellas forman parte de la economía mixta, están supedita